La creación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires del Instituto Espacio para la Memoria, en cuya Ley 961 están definidas sus misiones y funciones, nos compromete a los miembros fundadores e integrantes de su primer Consejo Directivo a sentar los principios básicos que lo sustentan.
La Argentina actual es un país devastado por años de políticas neoliberales que lo sumieron en la pobreza y la fragmentación social y que arrasaron los derechos económicos y sociales de grandes sectores de la población. La necesidad de avanzar hacia un país diferente, sustentado en la justicia y la solidaridad, nos obliga a ejercitar la memoria, apropiándonos críticamente del pasado para alumbrar el presente hacia la construcción del futuro. El ejercicio de una memoria crítica recrea el relato del Terrorismo de Estado recuperando el sentido que tuvo para sus contemporáneos, con el fin de evitar que se transforme en una reiterativa repetición de hechos sacralizados. Solo así, inmersos en su historicidad, los hechos, conductas y valores del pasado adquirirán sentido para los desafíos actuales. La experiencia del Terrorismo de Estado dejó graves secuelas en la sociedad argentina, en su imaginario colectivo, en sus prácticas políticas, sociales y culturales y en las formas de pensar su pasado y de pensarse a sí misma. El Instituto Espacio para la Memoria deberá contribuir a la construcción de la memoria colectiva de aquel pasado, habitado por múltiples sentidos, y posibilitar desde el presente y desde la perspectiva del futuro que, una y otra vez, se lo interrogue e interpele.
La Dictadura militar instaurada en la Argentina el 24 de marzo de 1976, como parte de una estrategia global para América Latina, implementó un régimen represivo que por su naturaleza, dimensión y modalidades no tiene precedentes en la historia nacional. Sin embargo, no fue una irrupción intempestiva. La cultura política argentina reconoce tradiciones y prácticas autoritarias y represivas en la permanente alternancia de dictaduras militares y democracias restringidas durante gran parte del siglo XX. El régimen implementado entre 1976 y 1983 no fue algo ajeno a la sociedad argentina, sino parte de su trama.
Los miles de detenidos-desaparecidos, asesinados, presos políticos, exiliados, los centenares de niños apropiados, los lazos sociales desarticulados, el silenciamiento político y la implementación de un modelo económico regresivo y de endeudamiento, fueron el saldo de un régimen que hizo del terror la herramienta fundamental de dominación y disciplinamiento social. La Dictadura, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, no representó una simple diferencia de grado de elementos preexistentes, sino una nueva reorganización que generó otras formas de circulación del poder. Distintos sectores de la sociedad conformaron, por motivos diversos, una vasta gama de conductas de acatamiento, desde la aceptación pasiva hasta la complicidad y la participación directa. Cabe destacar, sin embargo, que ante el accionar del aparato represivo hubo sectores de la sociedad que ejercieron prácticas de organización, solidaridad y resistencia.
Desde la etapa dictatorial y más aún a partir de los gobiernos constitucionales de 1983 en adelante, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia ha recorrido un camino que se abre paso contra el olvido y la impunidad. La tarea de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, (CONADEP), la investigación sobre la violación institucionalizada de los derechos humanos perpetrada por la Dictadura Militar y el juicio a las Juntas Militares señalaron de modo tajante,aún bajo el vigente discurso de la teoría de los dos demonios, el papel central del Estado Terrorista en la masacre perpetrada en el país. En el marco del creciente empobrecimiento político y económico, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos marcaron un punto de retroceso que generó la búsqueda de nuevas estrategias. Los procesos judiciales desarrollados en el exterior a los genocidas, la apertura en el país de los Juicios por la Verdad y de los centrados en los niños nacidos en cautiverio impulsaron otros avances. A la incorporación de las nuevas generaciones y al estallido de memoria registrado a partir del 20o aniversario del golpe militar, se sumó la participación activa de organizaciones de derechos humanos y barriales.
El Instituto Espacio para la Memoria promueve el conocimiento del pasado, tarea que a la vez supondrá una reparación ética y política. Por un lado, impulsará el análisis de la maquinaria del Terrorismo de Estado, su génesis y funcionamiento, las metodologías implementadas, sus modos de acción sobre la sociedad, quiénes fueron sus ejecutores y cuáles las historias de sus víctimas. Por otro, contribuirá a brindar los elementos para comprender cómo fue posible el terrorismo de Estado: profundizar en sus antecedentes, en la estructura del Estado y la sociedad de la época, en los sistemas de ideas y valores esgrimidos por sus protagonistas. De ahí la importancia de la investigación histórica, de la recuperación de documentos y otras fuentes, de la búsqueda y preservación de las huellas del accionar represivo clandestino y de las múltiples formas de resistencia.
Muchas conductas indiferentes ante los crímenes del Terrorismo de Estado se reiteran hoy frente a la pobreza y la exclusión de millones de compatriotas. La recuperación de los valores solidarios que animaron las luchas políticas y sociales y la reivindicación del derecho a una vida digna, a la educación, la salud y el acceso a la justicia constituyen ejes centrales de la misión confiada al Instituto. A la vez, el Instituto habrá de abordar las cuestiones que habilitarán los primeros relatos de nuestro pasado reciente y los interrogantes planteados por ellos.
¿El recordar es un reaseguro para que los sucesos del horror no vuelvan a repetirse? ¿Qué memorias rescatar? ¿Qué versiones de la historia? ¿Cómo conciliar la necesidad de transmitir un pasado con el imperativode abrir paso a lo nuevo? Afirmamos que toda construcción de la memoria colectiva es un acto político, un proceso de creación y recreación permanente del pasado en función de los interrogantes y desafíos que plantea el presente. Sobre esta base, en tanto espacio de permanente debate público, el instituto impedirá el riesgo de memorias totalizadoras y discursos únicos que pretendan “liberar” a la sociedad de la obligación de recordar.
Este es el marco en el que el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con los organismos de derechos humanos y el Poder Legislativo, ha puesto en marcha el Instituto Espacio para la Memoria con el objeto fundamental, tal como lo expresa el espíritu de la ley, de “promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2005.
